¿Se puede combatir ilegalidad con más ilegalidad?

En Honduras, otro golpe de estado, pero esta vez, para combatir otra ilegalidad
Esta pregunta la formulo, estimado lector, por el golpe de estado que ha ocurrido en Honduras, luego que el presidente Manuel Zelaya se aferró a su idea de llevar a cabo un referéndum sobre un cambio a las leyes constitucionales, un acto claramente ilegal, el cual se celebraría este domingo 28 de junio del 2009, pero sin el aval de las autoridades electorales, al no contar con el aval de la Corte Suprema de Justicia ni sería efectuada por el Tribunal Supremo Electoral, que es el único organismo estatal que puede realizar este tipo de consultas.
Zelaya (buen amigo y aliado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez) buscaba a través de su consulta convencer a los legisladores que era necesario un cambio a la constitución hondureña, y entre las medidas que estaría impulsando sería la reelección a la presidencia.
Sin embargo, la ley hondureña claramente lo prohíbe y hablan de muy malas experiencias debido a algunos dictadores que, aprovechando ese tipo de medidas, las aprovecharon para mantenerse indefinidamente en el poder.
Zelaya intentó legalmente impulsar su consulta, pero cuando el poder judicial se negó a respaldar su medida, decidió hacerlo de todos modos y le costó caro, muy caro.
Su cerrazón fue tan grande, que cometió un grave error de cálculo. Destituyó al máximo jefe militar de Honduras, el general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar con él en su consulta y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
Sin embargo, la Corte Suprema de honduras y el Congrso restituyeron en su cargo a Orellana, y eso provocó que el ejército se pusiera del lado de los legisladores y en contra del presidente, quien olímpicamente con su decisión de celebrar la consulta, mandó al diablo a las instituciones del país, creando una grave inestabilidad política.


Manuel Zelaya: Mandó al diablo las instituciones para celebrar su referéndum

El problema vino a ser resuelto parcialmente por otra ilegalidad: La madrugada del domingo, cuando el presidente estaba aún soñando en una victoria en su referendo espurio, fue despertado de manera violenta por soldados hondureños, que sin darle tiempo de nada, se lo llevaron del lugar, derrocándolo del cargo y lo enviaron exiliado a Costa Rica.
Posteriormente el Congreso, en una reunión extraordinaria, decidió darle trámite a una carta que presuntamente escribió Zelaya solicitando su renuncia irrevocable a la presidencia de Honduras y nombró al legislador Roberto Micheletti, del Partido Liberal (el mismo del presidente) para que ocupara el cargo de presidente constitucional hasta el término de su mandato previsto para el 27 de enero del 2010.


Micheletti: A cumplir el resto del mandato de Zelaya, pero con el repudio de la comunidad internacional.

Sin embargo, Zelaya, una vez en Costa Rica, denunció que fue víctima de un golpe de estado, que fue expulsado del país sin su consentimiento, que fue "secuestrado" y que jamás había escrito la carta de renuncia que fue leída en el Congreso.
Lo grave del caso es que ningún país de la región ha reconocido al nuevo gobierno hondureño y el presidente de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, condenó el golpe de estado y viajó a la región para tratar de encontrar una solución al problema.
En tanto, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Bolivia, los centroamericanos y la Unión Europea rápidamente condenaron la expulsión del poder de Zelaya y exigieron la restitución del mandatario.
Aquí valdría la pena reflexionar, mi estimado lector, si una ilegalidad debe ser combatida y resuelta con otra ilegalidad, o bien resolver los problemas con la ley en la mano, como deben hacer las naciones civilizadas.
Desde mi particular punto de vista, no está nada bien mandar al diablo las instituciones para buscar una reelección, un cargo de elección popular o hacer un acto que pueda afectar las vidas de millones de personas, como tampoco me parece bien que por solventar las locuras de un dirigente, se acudan a instancias fuera de la ley para resolverlo, se llame como se llame.