Extinción de dominio o una raya más al tigre político

La discusión de la extinción de dominio, un instrumento pensado por legisladores para despojar a los narcotraficantes y a otros delincuentes de sus bienes mal habidos, ha generado una guerra de verborrea entre los partidos y una discusión tan pírrica como inútil, pues aunque todos sabemos muy bien que es una medida muy clara para frenar la delincuencia organizada, la manera de hacerlo nuevamente provoca amplias controversias.
Si bien es cierto que muchos narcotraficantes se meten en este negocio para hacerse de grandes riquezas, el vivir a salto de mata en vez de servir de disuasivo pareciera alimentar sus ambiciones; su crueldad en los asesinatos de sus sicarios; las torturas a sus enemigos y la guerra y la explosión de las acciones de violencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país hacen pensar en algún otro medio extremo para tratar de detenerlos.
Uno de ellos lo ha emprendido el gobierno mediante la extradicíón expedita de los traficantes bucdados en Estados Unidos, pero aún así, éstos siguen poseyendo una enorme cantidad de recursos económicos que les permiten comprar armamento tan potente y tan sofisticado que pueden ser liberados casi de cualquier cárcel y les permite tener una amplia ventaja en poder de fuego y de destrucción que nuestras autoridades.
Súmele usted que el dinero que tienen, además que no ha pagado impuestos, les permite tener suficiente para comprar al más puro estilo de la política inmemorial mexicana las conciencias de jueces, fiscales y de autoridades en cualquier parte del mundo.
Decían en tiempos de Don Porfirio que ningún general aguantaba un cañonazo de 50 mil pesos (de esos entonces) y ahora, cada vez que uno de estos traficantes es capturado, ofrece millones pero de dólares para ser liberado.
Por ello, si se les lograra sacar de la ecuación su poderío económico, los traficantes de drogas se verían obligados (en teoría) a abandonar su negocio, para dedicarse a otros.
Lo triste del caso es que muchas de estas bandas de delincuencia organizada ya han "diversificado cartera" como los inversionistas de Wall Street, y o lo tienen oculto y distribuido de manera segura en negocios aparentemetne lícitos o bien lo tienen invertido hasta en casas de bolsa.
Las nuevas leyes de extinción de dominio buscarían, entre otras cosas, dejar sin recursos a los traficantes de drogas y limitar sus operaciones.


El "Chapo" Guzmán, con mil millones de buenas razones para la ley de extinción

Sin embargo, el problema estriba en que primero hay que capturarlos, hay que procesarlos judicialmente y después tendrían que inventar mecanismos para dejarlos sin sus ganancias ilícitas. Lo malo es que no tenemos una figura muy a la gringa, la de "congelar las cuentas" hasta que el presunto delincuente en cuestión pueda defenderse y salvaguardar sus bienes.
Además, las iniciativas en ese sentido necesitan ser sumamente claras, pues un error podría provocar daños irreparables en alguien que sea confundido con delincuente.
También resulta primordial darle uso inmediato a esos recursos en obras de beneficio y de combate al flagelo de las drogas, pues el que se lo quiten a delincuentes para que se lo queden los partidos o los gobiernos tampoco sirve de nada.
En este aspecto resultaría indispensable quitarle a la ley cualquier aspecto discrecional en la aplicación de la medida, para evitar errores "vergonzosos" o abusos de autoridad.
Ojalá que los partidos no aprovechen la medida para culparse electoreramente de la aprobación o no de la medida, y que eviten que los delincuentes nos sigan permeando en la sociedad.